El problema que trae de cabeza al alcalde de la capital, Heliodoro Gallego, y a todo su grupo político, surje en el momento en el que se explica que con la entrada en vigor de la reforma del Ley del Suelo -cuya última revisión data del 2008-, todos aquellos terrenos que conformen el Patrimonio Municipal del Suelo, o lo que es lo mismo, en los que la titularidad sea del Ayuntamiento, deben destinarse necesariamente a la construcción de equipamientos públicos -colegios, parques, pistas polideportivas-, o viviendas con algún tipo de protección.
Una vez aclarado esto vamos al meollo de la cuestión. Mariano San Martín, coordinador provincial de Izquierda Unida en Palencia, y ex concejal del Ayuntamiento, advirtió que la actuación que planeaba el equipo de Gobierno socialista al vender esas parcelas con fines especulativos iba en contra de dicha normativa urbanística y le instó a que diera marcha atrás. A pesar de este hecho, Gallego y los suyos, escudándose en los informes técnicos favorables, siguieron adelante y San Martín, por su parte, también, decidiendo poner el caso en manos de los tribunales.
Después de muchas sentencias, recursos, autos y providencias, provenientes tanto del Juzgado Contencioso-Administrativo palentino como de la propia sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León -TSJCyL- dedicada a este ámbito del Derecho, y del estudio de todas las soluciones existentes, llegamos al momento actual, en el que al alcalde se le han acabado las posibilidades de apelación y ya sólo puede cumplir con lo que le obliga el mandato judicial. Y este no es otro que la reversión de la titularidad de esas parcelas, la devolución de los ingresos generados por la venta a las empresas constructoras -esto en lo que se refiere a las cuatro- y la conversión de todos esos pisos en viviendas de protección, en dos de los casos, obligando a la construcción de dos bloques similares en los restantes.
A pesar de que la Justicia ha dictaminado que, aunque con soluciones diferentes, la actuación del Ayuntamiento no ha sido acorde con la legalidad, y de que los únicos culpables de este contencioso no son más que aquellos que dieron su visto bueno a la operación, algunos de los afectados, porque la mayoría de esas viviendas ya habían sido vendidas, consideran a San Martín poco menos que el 'diablo'.
Cierto es que el agravio se podía haber solventado con un pacto entre ambas partes, que todo podía haber sido mucho más fácil y rápido, y que se podía haber tenido más en cuenta la opinión de los, al fin y a la postre, inocentes compradores. Pero no lo es menos que de no haber sido por San Martín, estos acuerdos a todas luces ilegales, y lo que es peor, perpetrados por nuestros representantes políticos, podían haber pasado desapercibidos y, por tanto, haber perjudicado el interés común de forma flagrante. No obstante al final sí que ha habido un grave perjudicado, el erario público, que deberá correr con los gastos derivados de este proceso.
¿De quién es la culpa?
¿A quién hay que pedir responsabilidades al respecto?
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